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EL GOBIERNO CONTRA LO PÚBLICO. EL CASO DE LA SANIDAD.

Francisco Javier Segura Jiménez

España



 En 1986, Ernest Lluch, ministro socialista de Sanidad en el Gobierno de Felipe González, impulsó, mediante la Ley General de Sanidad, un sistema nacional de salud, financiado con impuestos, que estableció la universalidad y la gratuidad de la sanidad pública. Un cuarto de siglo después, las fuerzas conservadoras, encarnadas en el PP y en CIU, han utilizado la crisis como coartada para incrustar el virus neoliberal en la sanidad pública mediante un abanico de medidas apoyadas en un discurso político contaminado: el de la insostenibilidad del sistema nacional de salud y la necesaria "racionalización del gasto", es decir, la necesaria implantación de recortes y copagos.
 La política de recortes y copagos en la sanidad pública ya está siendo aplicada en comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias, siendo las más significativas Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla la Mancha, todas bajo mandato conservador. Esta política se manifiesta en la disminución presupuestaria, la reducción de plantillas, consecuencia de la restricción de suplencias y vacantes que se producen por motivos de traslados, jubilaciones o incapacidades, el incremento del horario, que incide en la disminución de contratos eventuales y de interinidad, en el pago del euro por receta, aplicado en Cataluña y en la reducción de las prestaciones con cierres de centros de salud, plantas y quirófanos. Habría que añadir las privatizaciones.
 El Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza y Ana Mato como ministra de Sanidad, ha seguido y reimpulsado la senda marcada en el ámbito autonómico. En los Presupuestos Generales del Estado del pasado 30 de Marzo recortó el gasto sanitario en un 13,7%, muy por encima del de Defensa (8,8%) e Interior (4,3%). En el Real Decreto Ley de Reformas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, publicado en el BOE el pasado 24 de Abril, establece el copago farmacéutico, que se implantará a partir del 1 de Julio, para los pensionistas, que les obliga a abonar un 10% del valor de los fármacos, con un tope mensual según la renta, y para los trabajadores activos que superen el límite a declarar, que les eleva su aportación desde el 40% al 50% y al 60%, también según la renta, quedando excluidos de estos pagos los perceptores de pensiones no contributivas y los parados sin prestación. ¡Faltaría más! El decreto-ley contempla también el copago sanitario, efectivo a partir del 24 de Octubre, en el caso de las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas, collarines...), productos dietéticos y transporte sanitario "no urgente" para prestaciones ambulatorias como la rehabilitación o la diálisis y suprime la subvención a los medicamentos propios de enfermedades supuestamente leves. Finalmente, el decreto niega la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de Septiembre, salvo en el caso de urgencias, atención a niños y parto, parece que a los jóvenes de más de 26 años que no hayan tenido relación con el mundo laboral, la mayor parte de los jóvenes españoles y a los jóvenes que hayan emigrado al extranjero a buscar nuevas posibilidades de vida, lo que supone la ruptura de un modelo en el que la simple condición de ciudadano otorgaba el derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad a otro en el que este derecho está relacionado con la condición de asegurado.
 Este atraco a la sanidad pública conduce al deterioro de la calidad de la atención sanitaria, al aumento de las listas de espera, a la penalización de las rentas de más de ocho millones de personas mayores de 65 años, que consumen el 75% de los medicamentos, a la fractura de un sistema que invita a las clases medias a emigrar al sector privado dejando el sistema público para la población más empobrecida, a la desprotección absoluta de los inmigrantes sin papeles, con el riesgo añadido de saturar las urgencias y de crear problemas de salud pública por posibles enfermedades contagiosas, al posible abandono de los jóvenes de 26 años sin experiencia laboral, a la sobrecarga de trabajo del personal sanitario...
 Este ajuste fiscal, al que se subordina la salud de la población, resulta absolutamente injustificado desde el punto de vista económico. El gasto sanitario en España está claramente por debajo del de la UE de los 15, anterior a la ampliación a los estados del Este de Europa. El coste de la sanidad pública española representa en porcentaje del PIB, es decir, de la riqueza nacional, un 6,25%, frente al 8,48% de Francia, el 8,27 de Dinamarca o el 7,92 de Alemania. Además, aún siendo una sanidad barata, presenta una de las carteras de servicios más amplias del mundo con cobertura universal y con un elevado grado de calidad (hasta ahora, si no se corrige el rumbo) que hace que el nivel de satisfacción de la población española sea altísimo. 
 La sanidad pública es sostenible. El gasto sanitario público en España, se encuentra en niveles compatibles con un desarrollo económico equilibrado. La sanidad pública es una fuente de empleo, un lugar de encuentro de todos los sectores sociales y un sector de innovación privilegiado. No sobran recursos. Lo que falta es un sistema tributario progresivo que sirva de fuente a una profundización de su progreso.
 El incremento de las privatizaciones, al que aspiran empresas como Capio Sanidad, Ribera Salud o Atitlán, (¿Quién dice que no puedan estar vinculadas a las élites políticas conservadoras?) como la próxima privatización de 4 hospitales en Castilla la Mancha o el plan de la Generalitat Valenciana para privatizar la gestión de la red sanitaria pública, evidencian que los recortes y los copagos, que incumplen, dicho sea de paso, las promesas del Partido Popular de no tocar el gasto social ni acudir al copago sanitario, sólo pretenden utilizar la crisis para implantar un modelo sanitario orientado a la salud como negocio.

Este artículo tiene © del autor.

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