El camino de la beligerancia

Alguien informó a La Nación que seis colombianos, relacionados con las FARC, pidieron asilo político en Argentina en 2004, y Aníbal Fernández, contumaz en la ignorancia cívica y republicana amenaza con «meter en la cárcel» al funcionario. Pretende silenciar al cartero y no al autor de la carta. El Gobierno considera delito sólo a aquel delito que es descubierto. Si el delito no se descubre, no es tal. Para el Gobierno el fin justifica los medios.

Buenos muchachos

Nadie desconoce lo que significan las FARC y Tirofijo. Puede considerarse como atenuante que algunos colombianos que pidieron asilo se han distanciado de las FARC, pero atenuante no supone ausencia de delito. El Gobierno tiene el deber de investigar si estas personas, primero, se han alejado realmente de las FARC; y segundo, si en tal caso no pueden constituir un problema interno en el país, quizás aliándose a otros grupos violentos. Sabemos que los atentados de la AMIA y la embajada de Israel fueron perpetrados por extranjeros que tuvieron apoyos locales. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos con las torres gemelas, en España con la estación de Atocha, en Londres con el subte. Es más sencillo atentar con logística del lugar que hacerlo todo desde afuera. ¿Lo desconoce el Gobierno argentino ó, conociéndolo, mira hacia otro lado?

En un artículo anterior (¿Argentina como reducto del terrorismo? Castellanos, 29/07/05) hacía notar la doble moral del Gobierno. No se puede tener criterios que sugieren la connivencia intelectual con terroristas. La credibilidad se da, entre otras cosas, por la trayectoria moral. Argentina no la posee. Nuestra política exterior se adecua según el humor del Gobierno de turno, con idas y vueltas que sólo contribuyen a enrarecer el clima. Basta recordar la política de acercamiento del ex canciller Guido Di Tella a los habitantes de Malvinas, obsequiándoles el peluche de Winnie Pooh. Cada error que cometemos nos alejamos más del objetivo, perdemos tiempo, y para recuperarlo hay que hacer un esfuerzo mayor. Dilapidar oportunidades es parte de nuestra idiosincrasia.

La actitud del Gobierno en el caso de las FARC se encarrila en una costumbre perniciosa: amedrentar al periodismo y a las fuentes de información. No comprende que sin libertad de información no hay libertad para nadie.

Tres puntos

Es paradigmático que el vicepresidente Scioli haya propuesto el sentido común de bajar los decibeles de la campaña e innovar haciendo una publicidad civilizada y que desde el mismo Gobierno lo ningunearan al dejarlo solo en la cena anual de Conciencia. Además, lo criticaron varios ministros. Evidentemente a nadie, salvo a Scioli, le interesa una campaña menos agresiva. Qué curioso que en su discurso del 25/05/05 Kirchner bregara por «la unidad de los argentinos». ¿Olvidó sus propias palabras, o lo dicho en aquel momento fue sólo demagogia?

La provocación anida en el Gobierno. Por un lado el piquero adicto, Luis D’Elía, se lanza a acusar a Duhalde de narcotraficante. Pero cuando la justicia lo cita para que ratifique sus dichos se escuda en sus fueros y dice que sólo hablará «después de las elecciones» para que sus palabras no se tomen como un acto proselitista. ¿Cómo puede tomarse, entonces, el manto de sospecha que lanzó sobre Duhalde? El Gobierno demoró una semana en “distanciarse” de D’Elía por estos dichos. ¿Por qué la demora? ¿Acaso, como se sugiere, D’Elía hoy cumple el papel que cumplía Barrionuevo con Menem? ¿Es decir, que dice lo que el Presidente no puede decir francamente? Pero, de ser esto efectivamente así, ¿qué puede responder Kirchner si hasta hace poco había estado pactando con Duhalde los nombres para conformar las listas? ¿O es que Duhalde cambió en pocos días? ¿No fue ungido Kirchner por él cuando se postuló a la presidencia? ¿Kirchner aceptó el apoyo de un narcotraficante y ahora procura enmendarse? Las preguntas no tienen respuesta fuera de la Casa Rosada. Pero si D’Elía acusó a Duhalde de formar un grupo mafioso relacionado con la droga, no hay que olvidar que días antes Cristina Fernández (de Kirchner) comparó al ex presidente con “el Padrino”. No se trata de actos casuales, entonces, sino de una línea de conducta.

El 24/08/05 la señora lanza su campaña con un nuevo ataque, al asegurar que hay un pacto para provocar disturbios y «crear un clima de violencia». ¿Se refería al que ella y su esposo están generando con el aval a sectores piqueteros y denuncias sin sustento? ¿Alguien recuerda alguna campaña, desde 1983, sea peronista o radical, en donde las partes no se haya acusado mutuamente de supuestas conspiraciones? La conspiración en Argentina es una enfermedad de la que todos abrevan porque, en determinadas circunstancias, a todos (los políticos) les conviene. Pero si de conspiraciones se trata, uno podría enumerar los pasos que está dando el Gobierno para elaborar una teoría sobre las provocaciones. Al día siguiente (25/08/05) Kirchner puso apellidos a la bravuconada de su esposa: «un pacto conformado por (Carlos) Menem, Duhalde y (Luis) Patti en la provincia de Buenos Aires para que vuelva el pasado».

En su momento Hernán López Echagüe sugirió la vinculación de Duhalde con la droga en El otro (Planeta, 1993), publicación que le valió ir dos veces al hospital y luego mudarse al Uruguay. Tampoco fueron casuales las palabras de D’Elía ni las de Cristina Fernández. Tampoco lo es que desde el Gobierno se haya alentado a grupos piqueteros para que tomaran las estaciones de servicio de la empresa Shell, ni que los mismos peronistas no dieran quórum para retirarle los fueros a D’Elía y poder interpelarlo por la toma de la comisaría 24 de La Boca. Al respecto hay un dato interesante: para poder mantener sus fueros, en esa oportunidad D’Elía tuvo que disculparse con Duhalde. Sólo así los senadores duhaldistas le dieron el apoyo. Es decir que cuando las papas queman, los peronistas no dudan en agruparse y formar una sola fuerza. Quizá lo mismo ocurra con este sainete de tono subido entre Kirchner y Duhalde: quedan dos meses para comprobar que quizás las encarnizadas peleas de hoy sean sólo un susurro luego de las elecciones. Y en tal caso, ¿qué papel, salvo el de espectadores azorados, ha jugado la sociedad argentina?

Por las dudas, Duhalde se mostró cauto: sólo dijo que le «da mucha pena» la actitud del Presidente. Pero el costo de denunciar sin pruebas merma la credibilidad de la sociedad en las instituciones.

El hospital Garrahan

Quien ha tomado distancia, y no concurre a los actos de campaña del kirchnerismo, es Roberto Lavagna. Incluso se ha manifestado contrario al asistencialismo del Gobierno. No se trata sólo de su habitual perfil bajo, sino de una cuestión de principios: además de ser amigo de Duhalde, no comparte la forma de la campaña. Es probable, también, como se ha sugerido en distintos momentos, que abrigue alguna expectativa política para el futuro, más allá del Ministerio de Economía. En tal caso, nadie podrá reprocharle su “connivencia” con Kirchner, fuera de lo estrictamente técnico de la política económica.

Quien en cambio parece enlodarse es el juez Eduardo Niklison: visitó el hospital Garrahan y luego aseguró que se garantizaban los servicios. ¿En qué sala especialmente preparada para él entró? Morales Solá reproduce un diálogo ilustrativo entre un funcionario y el juez: «Doctor, ¿usted cree realmente que es normal lo que está pasando en el Garrahan?», le preguntó el funcionario, y el juez respondió «Yo debo respetar el derecho de huelga». El funcionario insistió: «Pero podrían hacer la huelga fuera del hospital. Están ocupando un hospital», a lo que Niklison, impertérrito, respondió «Yo no puedo negarles el derecho a los trabajadores a ir a su lugar de trabajo» (cfr. Un país rehén de piqueteros y crispaciones. La Nación, 21/08/05, p. 23).

Esta “respuesta” del magistrado constituye un balbuceo acomodaticio para no asumir el papel que le compete. Niklison confunde el derecho de asistir al lugar de trabajo con la asistencia para impedir el trabajo. Con este argumento el juez no difiere demasiado del sindicalista Gustavo Lerer, que ha conseguido frenar una centena de intervenciones quirúrgicas para niños que, en algunos casos, esperan ser operados desde hace más de un año. La justicia se envilece, y no puede sorprender entonces que la sociedad descrea de ella.

Hay un sentimiento elemental de deber cívico y moral que determina que no se puede especular con la salud de los niños. Que lo desconozca Lerer, que se ufanó de no compartir la idea del voto ni la democracia, es una cosa. Que también lo desconozca quien debe velar por el cumplimiento de la justicia, la equidad y los derechos, es vergonzante. Niklison avala el derecho de los trabajadores de manifestarse con paros. Pero, ¿quién se ocupa de los derechos de los niños? La respuesta de Niklison es el aval explícito que necesitaba Lerer para fortalecerse y continuar el desvarío.

El viernes 26/08/05 el Gobierno impidió, por primera vez, el tradicional corte del puente Pueyrredón. Volvió a impedirlo el lunes 29, con ayuda de gendarmería. En la balanza que monopoliza Kirchner pudo más el malestar de la ciudadanía que sufre los cortes que los reclamos piqueteros. Esta hipocresía es la que distancia a los funcionarios de la sociedad. Por un lado, se ampara en secreto a terroristas, a la empresa SW, se alienta la agresión contra empresas privadas, se actúa con falta de seriedad y ecuanimidad ante los exabruptos piqueteros. Por el otro, el Gobierno procura el apoyo popular para octubre. El agua y el aceite, el más efectivo camino de la beligerancia.

© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.

Santo Tomé, agosto de 2005.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 02/09/2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.