El actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas español, Cristobal Montoro, anunció el pasado miércoles 20 de marzo que se iba a implantar un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios españoles. Esta noticia ha alarmado a muchas personas que han visto en esta medida un fiel reflejo de la crisis de Chipre. Comentarios como “nos van a robar igual que en Chipre” o “mañana mismo saco mi dinero del banco” han proliferado a lo largo y ancho de las redes sociales. Sin embargo, la comparación con el caso chipriota es profundamente incorrecta y, por lo tanto, el miedo a perder una parte de los ahorros no tiene fundamento a raíz de este nuevo anuncio. Expliquémoslo empezando desde el principio.

En el año 2001 el gobierno extremeño aprobó un impuesto a los depósitos bancarios. Esta medida tributaria consistía en que los bancos residentes en Extremadura debían pagar un impuesto proporcional a la cantidad de depósitos que albergaran en su seno. Es decir, el impuesto tenía que ser pagado por las entidades bancarias, y no por los ahorradores. Se estableció sobre los depósitos porque la cuantía a pagar en el impuesto dependía del tamaño de los depósitos, pero no porque tuviesen que pagarlo los depositantes. El por entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, en su afán por defender los intereses de los grandes empresarios, intentó que esta medida no saliese adelante y para ello recurrió al Tribunal Constitucional. Diez años más tarde (ya sabemos cómo funciona una Justicia carente de fondos y de medios) el Tribunal ha demostrado que el impuesto extremeño es constitucional y que por lo tanto no hay necesidad de tumbarlo. Para entonces, Andalucía y Canarias también habían aprobado este impuesto sobre los depósitos que debía ser pagado por los bancos.

Pero el actual gobierno español ha decidido tumbar estos impuestos a través de una medida tan astuta como miserable. En parte instigado por la Unión Europea, que considera estos impuestos regionales como infracciones a la libertad de capitales, el gobierno central español ha aprobado recientemente un impuesto del 0% sobre todos los depósitos españoles. Puesto que la legislación estatal se impone frente a la regional en este tipo de asuntos fiscales, ésta es otra forma de abolir los impuestos aprobados por las comunidades autónomas citadas. El resultado es que ningún banco con residencia española tenía ya que pagar ningún impuesto sobre los depósitos.

Ahora bien, como estas comunidades autónomas ya habían planificado sus presupuestos atendiendo a la recaudación que esperaban obtener con este impuesto, el gobierno central se ha comprometido a compensarles otorgándoles fondos recaudados de otra forma. La forma que se ha elegido ha sido extender ese impuesto sobre los depósitos a todos los bancos españoles, y no sólo a los residentes en las regiones citadas. De esta forma ya no serán sólo las entidades bancarias de Extremadura, Andalucía y Canarias las que tengan que pagar este impuesto, sino todas las que tengan residencia en el estado Español.

En definitiva, estamos hablando de que el ministro Montoro ha impulsado una medida que en su día fue detestada por el presidente Aznar y que consiste en imponer un nuevo impuesto a la banca. Aunque el cálculo del mismo se haga a partir del tamaño de los depósitos, quien tendrá que pagarlo serán los bancos y no los ahorradores. Es por esto que la comparación con el caso chipriota, donde son los ahorradores quienes tengan que pagar el impuesto extraordinario que allí aprueben, es totalmente incorrecta.

Lo que muchos analistas están denunciando es que este impuesto probablemente afectará indirectamente a los clientes de las entidades bancarias, puesto que para poder pagar el nuevo impuesto puede que aumenten las comisiones que pagan los clientes. Si esto sucediese, entonces sí podríamos decir que el impuesto sobre los depósitos terminará afectando al ahorrador. Pero esto es un efecto que hay que distinguir en cierta medida del impuesto sobre los depósitos. En primer lugar, cualquier impuesto que tenga que pagar una empresa puede ser finalmente repercutido al cliente vía aumento del precio, por lo que en última instancia no es un problema de que el impuesto recaiga sobre los depósitos. En segundo lugar, las comisiones que pagamos los clientes de los bancos llevan tiempo aumentando, y en ello nada ha tenido que ver ningún impuesto sobre los depósitos. En tercer lugar, si tuviese voluntad el gobierno podría evitar que los bancos trasladaran el coste a sus clientes, prohibiendo estas subidas de comisiones o recurriendo a cualquier otro tipo de control o regulación.

Es decir, si los bancos terminan aumentando las comisiones será porque el gobierno lo permite, no por el hecho de haber implantado el impuesto sobre depósitos. Esta medida, aunque muy mejorable, está orientada en la buena dirección. Al fin y al cabo, es una forma de que sean las entidades bancarias quienes tengan que asumir los costes de una crisis económica que en última instancia fue promovida y agravada por sus irresponsables actuaciones. De que existen medidas más efectivas para lograrlo no cabe la menor duda, pero de ahí a comparar este impuesto con el de Chipre o afirmar que esta medida es en sí misma negativa hay un trecho enorme.

Saque de esquina