Por: Observatorio Ciudadano

Ese día, en horas de la madrugada, personal de la PDI realizó un allanamiento generalizado a las comunidades mencionadas, con gran despliegue de efectivos, vehículos, sobrevuelo en helicópteros institucionales, intimidando y causando pánico en los niños que dormían en sus hogares junto a sus familias, quienes fueron despertados violentamente.

El recurso recoge testimonios de un total de 12 personas, adultos y niños, en los que se relatan pormenores la diligencia practicada y de los excesos cometidos por el personal policial durante el desarrollo de la misma consistentes, fundamentalmente, en malos tratamientos de palabra a los habitantes de los Lof, amenazas proferidas y exigencia de entrega de armas.

Los afectados por el allanamiento debieron permanecer largo tiempo esposados frente al resto de sus familias, mientras los afectivos registraban el interior de los hogares, incautando diversas especies y manipulando a los menores de edad para obtener información, a quienes se les ofrecían golosinas e incluso las linternas que usaban a cambio de que dijeran “dónde se encontraban ocultas las armas” supuestamente existentes en manos de miembros de las comunidades, en un claro atentado a la dignidad e integridad de niñas y niños mapuche.

La acción legal fue presentada por la abogada María del Rosario Salamanca, de la Defensoría Penal Pública Mapuche de Temuco, a favor de 12 menores de edad, así como de Verónica Coliman, de 24 años de edad y con 6 meses de embarazo, incluyendo el amparo a este niño que está por nacer. El recurso considera, además, a las personas afectadas cuyas viviendas fueron allanadas sin orden judicial: Hugo Cayuman Malleo y su grupo familiar, Emelina Huenchulaf Coñoman, Roberto MarivilMarivil y Braulio Yefilaf Montoya.

Sentencia

La sentencia de la segunda sala señala que “el despliegue de fuerza realizado por la Policía de Investigaciones confrontado con el objetivo a satisfacer (la detención de tres personas y la ubicación de armas) y el pobre resultado (sólo se ubicó un arma de fuego) y, lo que resulta decisivo para esta Corte, la presencia de gran cantidad de niños y niñas indígenas en el lugar en el que se desarrolló la diligencia de investigación permiten a esta Corte concluir que se ha vulnerado y existe riesgo de nuevas vulneraciones a los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual de los recurridos”.

Agrega que “por estos fundamentos y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República […] se acoge el recurso de amparo preventivo deducido por los recurrentes en esta causa, únicamente en cuanto se instruye a la Policía de Investigaciones de Chile que las futuras diligencias de investigación que afecten a los menores indígenas por los que se recurre se ejecuten con estricto respeto a lo dispuesto en el artículo 214 del Código Procesal Penal”.