Sobre la libertad de opinión

La relación entre el poder político y los intelectuales rara vez es armónica. Es una cuestión de principios: los intelectuales suelen ser inconformes, críticos y, en general, actúan en oposición al Gobierno de turno. No todos, claro. También los hay serviles, esperando las migajas del poder cuando éste reparte entre sus “pares”. Conmemorar una vez más el día del periodista (07/06), del escritor (13/06) y del libro (15/06) brinda la oportunidad de aclarar y denunciar ciertas conductas.

Dictámenes judiciales

En la causa por daños y perjuicios que el ex general Antonio Domingo Bussi le iniciara al periodista y escritor Tomás Eloy Martínez por el artículo La expulsión de los mendigos, publicado en La Nación del 10/01/2004, la corte resolvió rechazar la demanda y ordenar que Bussi se haga cargo de las costas. El juez Daniel Alioto defendió «la libertad de información y de expresión por sobre el derecho que preserva el honor de las personas que ejercen o han ejercido funciones públicas» (cfr. nota de Susana Reinoso en La Nación, 14/03/06, p. 10). El juez evaluó también «el reconocimiento internacional del que goza Martínez», y especificó: «No toda expresión potencialmente lesiva, aun la que conlleva afirmaciones irritantes, ásperas, hostiles o cáusticas, se transforma objetivamente en una injuria susceptible de reparación si no se aprecia el propósito primario de lesionar el honor o causar daño», para agregar luego que «la locución “feroz exterminador de disidentes” implica el uso de un lenguaje polémico, propio de este tiempo y de sus contextos históricos, estocásticos y calamitosos».

La resolución, que fuera considerada por Ricardo Monner Sans, defensor de Martínez, como «una pieza de orfebrería jurídica», es fundamental en un momento en que el Gobierno ataca las libertades de pensamiento y disenso. En el caso de Bussi, el juez además evaluó su pasado y las denuncias que pesan sobre él, llegando a la conclusión de que el vocabulario esgrimido por Martínez no podía agredirlo.

En forma similar se expidió la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal ante la demanda que el ex juez de la Corte Suprema, Adolfo Vázquez, iniciara contra el diario La Nación por un editorial. En éste el diario informaba que «el doctor Vázquez debería hacer un serio acto de introspección y autocrítica, y evaluar si realmente considera que alguna vez (él) reunió las calidades morales que cabe esperar de un juez del máximo tribunal del país: idoneidad, credibilidad y ejemplaridad», para agregar luego que «el mejor favor que puede hacerle el doctor Adolfo Vázquez a la República es renunciar al máximo tribunal» (cfr. Editorial, La Nación, 01º/06/06). La Cámara diferenció lo que son «afirmaciones de hechos de las opiniones», y entendió que el Editorial trataba de «manifestaciones que no son afirmaciones fácticas, sino valoraciones o apreciaciones imposibles de ser consideradas verdaderas o falsas».

La Cámara determinó «que en el editorial publicado en el diario La Nación se hayan puesto en duda, si se quiere, las calidades morales o la idoneidad, credibilidad o ejemplaridad del otrora ministro Vázquez es un hecho que difícilmente pueda considerárselo grosero, denigrante o digno de ser calificado como insulto».

Atendiendo a que en Argentina no existe el delito de opinión, no puede existir tampoco la censura previa ni la restricción al derecho de comunicar las ideas por parte de la prensa. Esa libertad conlleva una responsabilidad, como todo accionar humano, pero no puede ser disminuida bajo ningún concepto. Toda opinión supone una valoración, un juicio sobre el tema tratado, y esa opinión debe ser respetada independientemente de que constituya una crítica o un elogio. Esto es lo que el Gobierno no termina de comprender. De esa incomprensión surgen los continuos avasallamientos sobre la prensa, que no hace otra cosa que cumplir con su trabajo: opinar sobre los actos de Gobierno. Todo acto de Gobierno debe ser transparente, y cuando no lo es aparece la prensa para tratar de hacer visible lo que el Gobierno oculta. Esta acción es uno de los pilares de la democracia, algo que Kirchner dista de comprender. Lamentablemente no es el único que elige no enterarse de ciertas cosas.

Diario Castellanos

Edgardo De Luca, Gabriel Pecile, María Eugenia Emmert, Evangelina Schmit, son cuatro periodistas que hasta principios de mayo trabajaban en el diario Castellanos, de Rafaela. Desde su creación el 07/09/1938, el diario fue un medio opositor, serio y con opiniones fundamentadas, algo de lo que tradicionalmente carecieron quienes lo criticaban. A principios del mes pasado habrían ingresado intereses ajenos, como empresas relacionadas con el poder político de Rafaela, es decir, de perfil oficialista.

El argumento esgrimido para el cambio fue que «el contenido de los trabajos (de los periodistas arriba mencionados) dificultaba la venta de publicidad, enojaba al peronismo gobernante y fastidiaba a un sector del stablishment, que integran los que pagaron las deudas de Editorial Castellanos y aportan fondos para la divulgación de notas compradas» (Diario Castellanos vendió su independencia. Carta distribuida por mail por los periodistas mencionados). Cabe recordar que Perón, en su primer gobierno, prohibió que se vendiera papel prensa a Castellanos, por lo que el diario se imprimía en papel madera. Francisco Pérez Torres, su fundador, fue encarcelado por ese mismo poder faccioso que reniega del disenso. ¿Qué hay de cierto y qué de confusión en lo que ocurre hoy en Castellanos? El tiempo dirá si el diario ha cambiado su tradicional postura o si sólo se ha tratado de un acomodamiento sin modificaciones de fondo.

El 07 de junio, Día del Periodista, De Luca, Pecile, Emmert y Schmit organizaron un panel para hablar sobre la libertad de expresión en Rafaela y la Argentina, y cuando la publicidad ya estaba lanzada se encontraron con que el dueño del local donde tendría lugar el acto fue “apretado”. Tuvieron que buscar de urgencia otro local. La paradoja es elocuente: para poder disfrutar de la libertad de opinión que supone el debate hubo que luchar contra los intereses creados de quienes consideran que la única libertad es la propia y la de los palafreneros que los siguen a ciegas, sin cuestionar jamás acción alguna.

No es casual la similitud con el Kirchner demagogo que el 25 de Mayo demandó la pluralidad, para que al día siguiente Aníbal Fernández salga a “aclarar” que plurales son exclusivamente los que piensan como el Gobierno. Argentina incurre cada día más en la riesgosa senda del patoterismo cultural, con hijos y entenados y grandes masas de “resignados” o “tibios” que aceptan el vasallaje impuesto como un karma merecido. La bonanza económica todo lo puede, y hay muchos que en su nombre toleran cualquier vileza. Caso curioso, pues muchos de los que hoy se humillan son los que mañana, cuando cambia la escena, se rasgan las vestiduras. ¿Cuántos peronistas, comenzando por el mismo Kirchner, hoy reniegan de Menem, olvidando que lo apuntalaron durante diez años?

El caso Perfil

El diario Perfil inició una demanda contra el Estado por el manejo discrecional de la pauta publicitaria. Vale una corrección a un yerro habitual del ciudadano medio: la pauta publicitaria no es una prebenda que el Gobierno de turno le otorga graciosamente a un medio de información, sino un deber del Gobierno para con la ciudadanía. El Gobierno tiene la obligación de informar sus acciones, y para eso está la publicidad oficial. Lo que no está reglamentado es la forma en que esa publicidad debe hacerse, pero cuando se observa que el Gobierno nacional sólo compra espacios en determinados medios, el ciudadano debe sospechar y denunciar el manejo espurio de los fondos del Estado, que son los fondos de la sociedad, no de un Presidente y su camarilla de aduladores.

La editorial Perfil tiene tres publicaciones: el diario homónimo, que sólo sale los domingos, y las revistas Noticias y Fortuna. Ninguna de ellas recibe publicidad oficial, y no hace falta ser demasiado suspicaz para intuir una relación de causa-efecto: los medios de Perfil son críticos con el Gobierno, y el Gobierno procura disciplinarlos desde el control monetario. El caso no es nuevo, pero en los últimos tiempos el Gobierno de Kirchner ha pulido el sistema de premios y castigos, incurriendo en el escándalo.

La presentación judicial de Perfil se basa en un informe elaborado por la ONG Poder Ciudadano, que estudió el presupuesto del año 2005 y elaboró «cuadros comparativos de la adjudicación de la publicidad oficial entre los medios de comunicación de circulación nacional» (Acción de amparo. Perfil, 04/06/06, p. 04). La pauta publicitaria debe estar directamente relacionada con la cantidad de ejemplares diarios que imprime cada medio. No se explica cómo un medio de circulación precaria y escasa tirada como Página/12 recibe proporcionalmente más publicidad oficial que La Nación o Clarín, por ejemplo, o que los tres medios gráficos de Perfil no posean publicidad alguna. Hay que buscar la explicación en que Página/12 se volvió oficialista desde que Kirchner asumió el Gobierno. A su manera, también Clarín. La pluralidad mentada por Kirchner fue sólo flatus vocis. La realidad, como siempre, enseña la verdadera cara.

© Carlos O. Antognazzi

Escritor.

Santo Tomé, junio de 2006.

Publicado en el periódico “El Santotomesino” (Santo Tomé, Santa Fe) de mayo de 2006. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2006.