La Organización Nacional Indígena de Colombia a través de su Consejería de los Derechos de los Pueblos indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, suscribe a cabalidad el comunicado emitio por Unidad Indígena del Pueblo Awá “UNIPA” y rechaza categoricamente el asesinato del Gobernador Indígena del Resguardo Inda Guacaray, JUAN ALVARO NASTACUAS, en los hechos que a continuación se citan:

Hechos:

1. “El día 29 de noviembre de 2013, fue asesinado nuestro hermano indígena JUAN ALVARO NASTACUAS, gobernador en pleno ejercicio de sus funciones del resguardo Inda Guacaray, ubicado en el corregimiento de Llorente -Municipio de Tumaco.

2. Siendo aproximadamente las 6:30 pm, mientras el compañero ingresa en su motocicleta al resguardo -proveniente del corregimiento de Llorente – en compañía de un familiar Awá; fueron interceptados por sujetos armados desconocidos que le propinaron seis disparos con arma de fuego, dos de ellos en la cabeza, causándole su muerte inmediata.

3. Este lamentable hecho que conmueve y enluta a todo nuestro pueblo Awá, se da en el marco de la reactivación de la MINGA HUMANITARIA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO AWÁ el pasado 13 de Agosto, la cual inició en 2009 ante la masacre de treinta hermanos Awá de los resguardos Tortugaña Telembi y Gran Rosario; así como el desplazamiento forzado de gran parte de su población; siendo un espacio de concertación permanente con las instituciones estatales del orden local, departamental y nacional la MINGA HUMANITARIA responde al olvido histórico al que hemos sido relegados, al incumplimiento de los Autos 004 de 2009 y 174 de 2011 emitidos por la Corte Constitucional y al pobre cumplimiento del Estado colombiano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos del Pueblo Awá.

4. Lamentablemente, el hecho denunciado, lejos de ser un evento aislado se suma a las sistemáticas vulneraciones que han azotado al Pueblo Awá, dando cuenta en lo corrido del año de los asesinatos de cuatro (4) de miembros de nuestro pueblo, líderes, lideresas y autoridades tradicionales (entre los cuales se cuenta el asesinato de una mujer en el marco de la minga humanitaria).

5. Además de esta realidad, hemos tenido que convivir con la negligencia institucional, la inexistencia de medidas de prevención y protección efectivas y la carencia de acciones inmediatas por parte de entidades e instituciones del Estado; las cuales nos han encerrado en dinámicas extenuantes, que impiden la implementación concertada de políticas urgentes que resuelvan de fondo la gravísima situación que vivimos.

6. Muestra de ello es la indefinición del reforzamiento y otorgamiento de medidas de protección por parte del CERREM, con lo cual se incrementa el nivel de riesgo que a la fecha se cierne sobre líderes, lideresas, autoridades y, en general, todo nuestro Pueblo Awá y, las excusas esbozadas por el Estado colombiano cada vez que exigimos que se promueva y realice, en cumplimiento de órdenes de tribunales nacionales e internacionales, la reunión de la Mesa Awá”.

7. A los anteriores señalamientos, se suma el panorama denunciado por la ONIC en audiencia ante La Corte Constitucional, el cual agrava la situación a la fecha afrontada por el Pueblo Awá: En primer lugar, las entidades con asiento en la Mesa de Concertación Awá, han tomado como excusa el Auto 174, afirmando que no pueden desplegar acciones que vayan más allá de lo definido en el mismo, desconociendo por un lado la potencialidad de la mesa como instancia de concertación y, por el otro, las órdenes adicionales que en el marco de las medidas otorgadas por la CIDH y por la Corte en el Auto 004 se disponen para generar las garantías de derechos necesarias para la protección del Pueblo Awá. En segundo lugar, en las dinámicas de diálogo se han generado por parte del gobierno nacional instancias paralelas de concertación con el Pueblo Awá, situación que han generado el resquebrajamiento de las dinámicas internas de interlocución entre organizaciones y el debilitamiento de la MCAWÁ. Por último el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades del Estado no es nada alentador, siendo igualmente precarias las formas de medición establecidas para su medición.

8. Demostrando la gravedad de la situación, el escenario de vulneración de derechos del denunciado por el Pueblo Awá, da cuenta, entre el último semestre de 2012 y el mes de agosto de 2013, de 17 casos de asesinatos de líderes, lideresas y autoridades; cifra a la cual se adiciona el más reciente asesinato del hermano y compañero JUAN ALVARO NASTACUAS.”

Solicitudes:

Por los hechos anteriormente relacionados, la Organización Nacional Indígena de Colombia insiste en la urgencia de materializar las acciones necesarias desde las entidades e instituciones competentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y en articulación con las autoridades y organizaciones indígenas, para garantizar la vida, integridad fìscia y seguridad del Pueblo Awá, quienes ven afectados sus derechos individuales y colectivos por la flagrante ocupación de su territorio y las amenazas que se ciernen en contra de sus integrantes. Por todo lo anterior, coadyuvamos las solicitudes expuestas por nuestra organización filial UNIPA, en el siguiente sentido:

1. Al Gobierno Nacional:

• Cumplir cabalmente las órdenes emitidas por la Corte Constitucional a través de los autos 004 de 2009 y al 174 de 2011, en procura de salvaguardar nuestra integridad física, psicológica, cultural y espiritual.
• Cumplir los acuerdos suscritos en el marco de la Mesa Awá, con el fin de prevenir, proteger y garantizar avances frente a la cesación de las vulneraciones sistemáticas que en materia de DDHH y DIH afrontamos.
• Garantizar la implementación integral del Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá, como una muestra de voluntad política con miras a nuestra pervivencia.
• Implementar de manera inmediata y plena, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, sin condicionar lo propuesto por nuestro pueblo; para lo cual se debe citar con carácter URGENTE la Mesa Awá, espacio en el cual se deberá dar respuesta de fondo frente a la situación de riesgo que afrontamos a la fecha.

2. A los actores armados legales e ilegales que hacen presencia en nuestra región:

• Respeto a la vida e integridad fisca de todas las personas que habitamos las comunidades Awá.
• Retirar a sus hombres de manera inmediata y abstenerse de involucrar a nuestros hermanos y hermanas en el conflicto armado que se desenvuelve en Colombia debido a que esto es una violación a los DDHH y al DIH.
• Respetar los derechos individuales y colectivos del Pueblo Awá, incluyendo el ejercicio pleno del derecho a la Autonomía en cabeza de las autoridades indígenas con presencia en nuestros territorios.

3. A la Fiscalía General de la Nación:

• Realizar las investigaciones pertinentes de manera oportuna y rápida, garantizando la No impunidad frente al asesinato del hermano JUAN ALVARO NASTACUAS, dando a conocer además, a la mayor brevedad posible, los avances que se tiene frente a los hechos victimizantes que han enlutado a nuestro pueblo.

4. Al Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas:

• Direccionar todo el esquema interinstitucional al que haya lugar, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, para que de forma inmediata se inicie concertadamente la atención integral pertinente. Para lo cual exigimos se garantice la presencia de la ONIC.

5. A la Defensoría del Pueblo:

• Acompañar y verificar las sistemáticas vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH que vienen golpeando a nuestro pueblo, exigiendo a las entidades e instituciones competentes el cumplimiento con carácter URGENTE de sus funciones legales y constitucionales.

6. A las organizaciones solidarias con nuestro pueblo: 
A las organizaciones nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos y al cuerpo diplomático, hagan acompañamiento y monitoreo permanente sobre la situación de vulneración de derechos que afrontan las comunidades del pueblo indígena Awá.

7. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte Constitucional y Agencias de Naciones Unidas, para que insten al gobierno colombiano en aras de que se brinde garantías reales de protección y goce efectivo de derechos de nuestras familias Awá”.

8. A la UNP, para que teniendo en cuenta el asesinato del compañero� JUAN ALVARO NASTACUAS y la situación de riesgo afrontada por lìderes, lideresas, autoridades e integrantes del Pueblo Awá, se otorguen las medidas de protección a las que haya lugar, decisión pospuesta por el CERREM a pesar de la urgencia que el caso ameritaba.

9. Al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para que en observancia de su función misional verifique y advierta la situación denunciada.

10. Al Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones direcciones todos los esfuerzos necesarios para que las entidades competentes en el presenta caso, atiendan de forma integral a las comunidades indígenas afectadas por los hechos descritos.

CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC