Además, entre 2002 y 2011, el porcentaje de estudiantes no nativos en las escuelas públicas se incrementó en 40 de los 50 estados y en el Distrito de Columbia, de forma que actualmente tres de cada cuatro escuelas públicas acogen a estudiantes que están aprendiendo también el inglés.

Por ello, los Departamentos recordaron a los distritos escolares que tienen la obligación de identificar a estos alumnos «de una manera oportuna, válida y fiable» para garantizar que tienen las mismas oportunidades que el resto.

«¿Cuál es la lengua que se habla principalmente en casa?» o «¿cuál es el idioma que el alumno aprendió primero?» son algunas de las preguntas que los distritos electorales deben de hacer a los estudiantes en una encuesta durante el periodo de inscripción.

Una vez conocidos los orígenes lingüísticos del alumno, los distritos escolares tienen que determinar qué número de jóvenes aprendices de inglés estudian en sus instalaciones a través de una prueba que evalúe sus capacidades de hablar, entender, leer y escribir en este idioma.

De esta forma, los Departamentos de Educación y Justicia quieren asegurarse de que los estudiantes reciben los servicios apropiados de apoyo para dominar el idioma y pueden aprovechar su tiempo en la escuela sin ser separados de forma innecesaria de los otros alumnos.

Personal de apoyo y material didáctico apropiado son algunos de los recursos que deben de ofrecer las escuelas, que además tienen que contar con docentes, personal y directivos cualificados para implementar eficazmente este programa.

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS), en el estado de Colorado, conocen de primera mano este tema.

«Más del 40 por ciento de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver son estudiantes aprendices de inglés, y el futuro de nuestra comunidad depende en gran medida de nuestro éxito proveyéndoles de la educación que merecen», afirmó en una conferencia telefónica el director de estas escuelas, Tom Boasberg.

El año pasado, padres de estudiantes de Denver organizaron protestas para denunciar el bajo rendimiento académico de los establecimientos del suroeste de la ciudad, donde sólo el 15 por ciento de los estudiantes están listos para ir a la universidad tras la escuela secundaria, según un informe de Stand for Children.

Legalmente, el documento se basa en una sentencia de hace cuarenta años del Tribunal Supremo, que en el caso Lau vs. Nichols determinó que las escuelas debían dar «pasos decisivos» para asegurarse de que los estudiantes con un inglés no perfecto pueden participar en sus programas y servicios.

En una conferencia telefónica, la subsecretaria sobre Derechos Civiles del Departamento de Educación, Catherine E. Lhamon, recordó que esta sentencia ponía de relieve que «todos los estudiantes merecen acceder a una educación de gran calidad con indiferencia de su origen lingüístico o de sus conocimientos de inglés».

«La guía de hoy no solo nos recuerda lo que dictó el Tribunal, sino que ofrece a las escuelas información útil para que aseguren la igualdad de los estudiantes y familias con conocimientos de inglés no perfectos», subrayó.

La guía también hace referencia a la Ley de Derechos Civiles de 1964, de la que recientemente se cumplieron 50 años y que establecía que las agencias de educación del gobierno debían de actuar para asegurarse que se superan las barreras lingüísticas que impiden educar por igual a todos los estudiantes.