En Ibagué y el Tolima numerosas organizaciones sociales, ambientales, campesinas, estudiantiles e indígenas hemos venido promoviendo una Consulta Popular en defensa del agua, la vida y el territorio, en contra de la minería contaminante.

Son múltiples las voces de indignación contra la política del Gobierno Juan Manuel Santos quien promueve sistemáticamente la entrega de nuestros territorios a las multinacionales mineras. Miles y miles de voces ciudadanas exigen que en este país se profundice la democracia y se proteja el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano. En Ibagué y el Tolima numerosas organizaciones sociales, ambientales, campesinas, estudiantiles e indígenas hemos venido promoviendo una Consulta Popular en defensa del agua, la vida y el territorio, en contra de la minería contaminante.

Jurídicamente es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución Política de Colombia en los artículos 40, 103, 104, 105, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 del 2015 que permite convocar al pueblo para dirimir asuntos de importancia para la comunidad, en este caso el rechazo a la contaminación minera. El gobierno nacional sabe que la decisión tomada es de obligatorio cumplimiento y por eso tratan de desconocer la democracia y la Constitución.

La Consulta Popular de Ibagué propone detener las actividades mineras contaminantes que irremediablemente implicarán un cambio abrupto en el uso de los suelos, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria y turística del Municipio. Su propósito es el de proteger los bienes comunes de la sociedad por encima de los intereses privados de las multinacionales y de las decisiones unilaterales del gobierno nacional. A través de este mecanismo podemos fortalecer la democracia participativa y resolver los conflictos sociales de manera civilista y no violenta. Sería un pésimo precedente para la paz de Colombia que el gobierno niegue la participación democrática de las comunidades, al tiempo que promueve un plebiscito de ratificación del proceso de paz.

El matoneo que han ejercido la Procuraduría y el Gobierno Nacional contra este proceso democrático y constitucional no tiene precedentes y demuestra el carácter autoritario y arrogante del ejecutivo colombiano, lo mismo que la desviación institucional de la cabeza del Ministerio Público. Se pretende desconocer de esta forma la voluntad popular. Lo anterior demuestra que a los promineros y sectores reaccionarios de la sociedad les incomoda la voz de las comunidades y la exigencia de sus derechos. Es imperioso continuar aprendiendo a trabajar en colectivo, a reivindicar la defensa del bien común y fortalecer la movilización social pacífica con el objeto de impedir que la corrupción y la imposición de proyectos mineros contaminantes se roben el presente y futuro de nuestras gentes.

Exigimos que frente al proceso de Consulta popular en curso se brinden garantías plenas que permitan el derecho constitucional a la participación. Rechazamos las torpes maniobras ejercidas por la Procuraduría Ambiental del Tolima, orientadas a ningunear dicho derecho. Mediante la perversa estrategia de la dilación, el procurador pretende reducir el tiempo adecuado y necesario para la realización de un verdadero ejercicio democrático y participativo. Este nefasto funcionario juega a estrangular los tiempos de campaña y las posibilidades reales de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos para persuadirles por el NO a la Minería Contaminante. Frente a la situación planteada, solicitamos al Alcalde coordinar con la Registraduría Nacional los tiempos adecuados máximos para garantizar el derecho fundamental a la participación democrática y la coordinación del comité promotor del NO en todas las dinámicas del proceso.

Formulamos un vehemente llamado a la ciudadanía Ibaguereña para que se articule a los procesos de conciencia y movilización ambiental con el objetivo de garantizar que Ibagué se convierta en la primera ciudad capital del mundo en defender el agua y ambiente, por encima de la codicia minera. Exigimos, también, la renuncia inmediata del procurador Agrario, Judicial y Ambiental del Tolima, Sr Ernesto Cardoso, por su actuar a favor de los intereses de las multinacionales depredadoras y en contra de la protección de los bienes públicos.

La apatía, la resignación, la desesperanza y la falta de confianza hace tiempo que fueron superados por miles de ibaguereños que exigen se respeten los derechos de las presentes y futuras generaciones. Estamos convencidos que la fuerza y dignidad del pueblo ibaguereño va a ser capaz de derrotar la codicia, corrupción y contaminación que nos quieren imponer los nuevos conquistadores.

No olvidemos que el 53% del territorio ibaguereño se encuentra sobre títulos mineros concedidos y solicitados, es decir, 18 veces todo su casco urbano. La amenaza minera se concentra principalmente sobre las cuencas de los ríos Coello, Combeima, Toche, Totare y Cocora. El problema no es solamente por la contaminación de nuestras fuentes hídricas sino por la afectación de toda la dinámica del ciclo del agua y ecosistemica. Sí queremos conservar el agua de las presentes y futuras generaciones #votaNOenlaconsultapopular.

|Por Comit̩ Promotor Consulta Popular| РSalmon Urbano.