El Gobierno equivocó la estrategia: si enviaba desde un principio al Congreso el pliego de las retenciones móviles es muy probable que Diputados y Senadores lo aprobasen sin enmiendas. La soberbia hizo que Cristina Fernández de Kirchner deseara imponer su voluntad (y la de su marido Néstor) por fuera de la Constitución. Obligada por las circunstancias, y de manera condescendiente y tardía —habían transcurrido tres meses y medio de crisis— la Presidente envió el tema al Congreso. Ganó 129 a 122 en Diputados, y perdió 37 a 36 en el Senado. Game over.

El lapso entre el comienzo del conflicto y su final en el Congreso significó que la ciudadanía se involucrara y tomara partido. Al comienzo nadie sabía lo que significaban las retenciones. Al final, una mayoría (tanto los que votaron a favor como los que lo hicieron en contra). Esto es positivo en un país acostumbrado al facilismo de delegar decisiones en otros. Después de mucho tiempo, además, el Congreso tuvo que trabajar y los legisladores debieron posicionarse y argumentar y, en muchos casos, “dar la cara” a la comunidad que dicen representar.

Estos cuatro meses fueron cruciales, y posiblemente definan un antes y un después. Por lo pronto el Gobierno ahora sabe que la ciudadanía sabe y que el campo sabe. El Gobierno ahora sabe que los votos automáticos y la obsecuencia no siempre reditúan, y que aún en los casos más indignos de sumisión a la autoridad (o a los “pesos”) hay quienes pueden pensar por sí mismos y dignificar el cargo para el que fueron investidos por la ciudadanía. El Gobierno ahora sabe que no perdió por el voto del vicepresidente Julio Cobos, sino por la increíble suma de errores, prepotencia e ignorancia que acumuló en un puñado de días.

Horizonte cerrado

Algunos deberían dar explicaciones. Los senadores Ramón Saadi y Ada Maza, en primer lugar, cooptados bochornosamente por el Ejecutivo para que modifiquen su voto. Y los intelectuales que abrumaron con un discurso crispado, repartiendo culpas y denuncias por doquier y autoerigiéndose en estandartes de una moral meliflua, que no vacilaron en tratar de golpista y oligarca a un campo que es demasiado amplio y complejo como para reducirlo a dos o tres adjetivos de barricada. Hay sectores del campo que en otros momentos del país apoyaron golpes militares, ciertamente, pero ese campo no es el de ahora. Ni todos los trabajadores del campo son terratenientes: hay pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Hay gente de campo que arrienda tierras porque no las posee.

Que se haya agrupado esta gente de perfiles disímiles con un objetivo común, y que hayan recibido el apoyo de sectores de la sociedad que habitualmente desconocen lo que es el campo y ocupan su tiempo en otras cosas, ya debería haber alertado al Gobierno. Pero la cautela, en el manual kirchnerista, es para los débiles. No apreciar las diferencias que anidan en la welstanchaung “campo” (una construcción intelectual, en suma, y como tal artificial) trasluce una ceguera inconcebible, que lleva a extremos de penosa estupidez. El Gobierno hasta se jactó de su propia ignorancia: «Puedo dar clases de vacas y soja», argumentó graciosa la Presidente mientras el Congreso debatía. Pero nadie le pidió pedagogía, sino lisa y llanamente que gobierne para todos los argentinos (como gusta de pontificar desde al atril) y no para un grupo de sumisos que lucra con la necesidad ajena mientras engorda el bolsillo propio: las retenciones, al no ser coparticipables, sirven exclusivamente para alimentar la caja del Gobierno, que utiliza ese dinero discrecionalmente en beneficio propio, comprando voluntades y premiando obsecuencias.

El horizonte que se vislumbra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está fragmentado por edificios, vías y villas miseria. El de provincia es mucho más dilatado, lleno de vacío y espacios abiertos. La diferencia no es inocua, por más que en provincias también haya ciegos voluntarios que observan al mundo con anteojeras de caballo. La imagen puede resultar bucólica, pero también gráfica: alude a una forma, un concepto por el cual el porteño medio se considera el ombligo del mundo y donde todo gira alrededor del obelisco. El país, sin embargo, como bien descubrió Martín Caparrós, se extiende mucho más allá de la avenida General Paz, y difiere sustancialmente de lo que el ciudadano de la Capital Federal imagina. La miopía del dueto gobernante no puede adjudicarse, evidentemente, a su falta de perspectiva en una provincia que carece no sólo de límites, valga la figura, sino también de habitantes, pero cabe mencionar un matiz que suele pasar desapercibido: Santa Cruz no es agrícola, sino minera y pesquera. Minería y pesca, en Argentina, no sufren retención alguna.

Falacias y lenguaje

La violencia verbal surgió, primero, del Gobierno. Luego los intelectuales más obsecuentes se allanaron a ese estilo impúdico y lo fijaron desde sus artículos y columnas de opinión. En lugar de serenar y orientar la discusión en un terreno racional, la Presidente esgrimió una parafernalia lingüística que exacerbó los ánimos: «piquetes de la abundancia», «las cuatro por cuatro», «ese yuyo que crece solo» (por la soja; «yuyo», según el Diccionario del habla de los Argentinos de la Academia Argentina de Letras, es «hierba inútil»), y ya luego del desempate, la perlita: «A los traidores, ni perdón». Además, sectores oficialistas exhumaron el lenguaje faccioso de los setenta, hablando de “gorilas”, “enemigos”, “vendepatrias”, “grupos de tareas”, “comandos civiles”, instaurando un revival grosero y fundamentalmente falso.

El Gobierno peronizó la protesta de un sector que, en buena medida, pertenece a ese partido. De hecho Cristina Fernández ganó las elecciones con el voto del campo. Establecer entonces la dicotomía “amigo-enemigo” cuando se trata del propio sector, si bien es un ardid propio del justicialismo, en cierta coyuntura es también un suicidio. La votación en el Congreso terminó mostrándolo en forma elocuente: sectores no sólo peronistas, sino de la misma línea que la Presidente, el Frente Para la Victoria, votaron en contra. El hastío sobre un modo de hacer política cunde.

Horacio Verbitsky, fiel a su papel reciclado (de conducir ideológicamente a Montoneros y seleccionar sus objetivos civiles y militares, a asesorar al Gobierno K), abundó con tono medido pero conceptos erráticos en una entrevista complaciente que Rosario Lufrano (rostro visible del oficialismo en Canal 7) le hiciera mientras se debatía en el Congreso. Mempo Giardinelli, en el colmo de la tosquedad intelectual, llegó a asegurar que si ganaba el campo este sector pediría la renuncia de la Presidente (cfr. Diario “Página/12”, 15/07/2008). Nada más ajeno a la realidad: fue el mismo Gobierno quien el jueves 17 evaluó la posibilidad de una renuncia orquestada para provocar masivamente el apoyo popular y mejorar una imagen que todas las encuestas dan en su nivel más bajo. Por suerte supieron frenarse a tiempo. La debacle que la maniobra hubiese generado habría tenido final incierto y el riesgo institucional (ahora sí) se habría disparado.

No hay que olvidar que el lenguaje no es inocente (menos cuando lo esgrimen periodistas y escritores), y que cuando ciertos sectores oficialistas machacaban con la posibilidad de un golpe de estado estaban en realidad fomentando la paranoia y la violencia y creando las condiciones necesarias para que algún bárbaro encendiera la mecha. A estos señores les cupo mayor responsabilidad, y deberían dar mayores y mejores explicaciones a una sociedad harta de violencias, mentiras, desprecios y manoseos.

¿Dónde están los “golpistas” de los que escuchamos hablar durante cuatro meses? Ningún argentino atentó contra la democracia. Al contrario, el sector del campo (que se equivocó al bloquear las rutas, pero era lo único que le quedaba hacer después de meses de infructuosos reclamos) bregó desde un comienzo por un debate civilizado en el ámbito adecuado para ello, según el sentido común y la Constitución: el Congreso de la Nación. Y ese sector fue sistemáticamente burlado por el Gobierno con reticencias, promesas vacuas y sorpresivos cambios de horarios en reuniones ya pactadas, marchas y contramarchas que tendieron a ganar por cansancio antes que generar respeto y consenso. La intransigencia del Gobierno hizo el resto. Néstor Kirchner quería ver al campo «de rodillas» (sic). Sin embargo fue él quien, luego del desempate del vicepresidente Julio Cobos, no hizo declaraciones.

Al emitir su voto Cobos pidió disculpas si se equivocaba, y dijo que la Historia lo juzgaría. Ineludiblemente juzgará a otros, también, que durante cuatro meses azuzaron y agredieron irresponsablemente al campo y a quienes lo apoyamos.

Un documento

El problema es que la virulencia prolifera aún después del Congreso. El país se mantiene escindido, como si los legisladores, sea a favor o en contra del Gobierno, no hubiesen realizado su trabajo: evaluar y votar. ¿Qué se esperaba que hicieran? Deberá transcurrir un tiempo para que todo se aquiete, pero no deja de llamar la atención el nivel de hostigamiento alcanzado. Y en esto le cabe la principal responsabilidad al Gobierno, que es por derecho, obligación, lugar que ocupa y simplemente por contar con las herramientas institucionales adecuadas quien más debe velar por la seguridad y la tranquilidad del país todo con un discurso apaciguador. La Presidente en cambio ironizó sobre «los que no comprenden», esos a «los que hay que darles tiempo para que lleguen».

Y lo increíble es que la anulación de las retenciones móviles que votó el Congreso no es la anulación de las retenciones en sí, sino de un porcentaje considerado confiscatorio: del 45% se bajó al 35%, que es lo que había a principios de 2008, antes de la resolución 125. Nadie se opuso a las retenciones, sino a un porcentaje. El campo paga retenciones desde hace años y nunca se quejó. No se quejó, de hecho, cuando fueron subiendo los porcentajes del 10 inicial al 35. Recién reclamó cuando arbitrariamente se lo quiso llevar, ya con los campos sembrados y la perspectiva de renovación de semillas, insumos y maquinaria para la siguiente cosecha, a 45%. Esto es crucial para comprender lo absurdo de algunos antagonismos.

Por eso se equivocan los que dicen que ganó “la derecha”. Eso es un reduccionismo pueril, y supone el mismo yerro del Gobierno cuando habló del “campo” como si fuera un bloque sin matices ni realidades diferentes. Nadie ha negado la necesidad de la distribución de riqueza. El problema es que el Gobierno no la distribuye, por más que asegura hacerlo. El problema es que sólo se puede distribuir equitativamente lo que es coparticipable, y la coparticipación surge del impuesto a las ganancias, no de las retenciones. La distribución de riqueza debe ser política de Estado, pero nunca se puede convertir en una herramienta confiscatoria que sólo presiona sobre un sector. ¿Qué pasa con el juego en la Argentina? ¿Por qué no hay retenciones para el juego, la minería, la pesca?

Por haber concebido, suscrito y hecho circular, junto a tres colegas de provincia, un documento a favor del reclamo del campo, de la distribución de riqueza y la democracia (editado con las firmas de adhesión —muchas de indiscutible peso en las letras argentinas— en la web de Mundo Cultural Hispano, entre otras), alguno dijo que había equivocado el bando porque estaba «apoyando a los poderosos». Nunca lo hice. Pensé que las palabras son polivalentes, como enseñó Lewis Carroll, porque en mi diccionario “poderoso” es, por ejemplo, aquel que en cuatro años puede incrementar su patrimonio en once millones de pesos (más de dos millones de euros), tiene la desvergüenza de justificarlo diciendo que «aumentó el monto de alquiler de sus 22 casas y departamentos», y tiene además un juez fiel que determina que todo es transparente y en regla.

Este argentino que disfruta tan magnífico incremento es Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández (que es de Kirchner), y el monto surge de su propia declaración jurada de bienes personales cuando dejó de ser Presidente, en diciembre de 2007. Cuando asumió como Presidente, cuatro años antes, su patrimonio acusaba once millones menos. Sin dudas es un argentino al que “las cosas le van bien”, porque el resto de los habitantes no tiene esa capacidad de ahorro. Ni de impudicia, en muchos casos. No olvidemos que muchas de esas 22 propiedades fueron obtenidas gracias a los juicios que los Kirchner (abogados ambos) hicieron por las hipotecas que sus legítimos propietarios no pudieron levantar. Pero de esto no se habla en Argentina, quizás porque no es “políticamente correcto”.

Presiones indebidas

La Presidente demoró más de 24 horas en ordenarle al Ministro de Economía, Carlos Fernández, que anule la polémica resolución 125 que establecía las retenciones móviles. Y en el decreto Nº 1176 Fernández se explaya en conceptos que explícitamente provocaron la crisis: desde insistir (amparándose en una reforma del Código de Procedimientos Aduaneros establecida durante la última dictadura militar, qué paradoja) en que el Poder Ejecutivo tiene ingerencia para fijar derechos de exportación (la Justicia determinó, en primera instancia, que eso le corresponde únicamente al Congreso), a descalificar la votación en el Senado argumentando que se realizó «en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias» (sic). El párrafo pretende aludir al sector del campo, que se movilizó masivamente y erigió una carpa frente al Congreso, pero Fernández parece olvidar que el oficialismo erigió en la misma plaza, horas antes y sin autorización del Gobierno de la Ciudad, ocho carpas. ¿Y qué decir de Néstor Kirchner, cuando vociferaba que consideraría «traición a la patria» votar en contra del Gobierno y haría «juicio político para meterlos presos» a quienes lo hicieran? ¿No es una presión inconcebible sobre el Congreso?

Hace décadas que no se vivía en Argentina una crisis así, y que no se experimentaba la democracia con tanta pasión. Más allá de la anulación de las retenciones móviles, lo que queda de estos cuatro meses es la sensación de que la ciudadanía comenzó a conocer su fuerza, y que diputados y senadores comenzaron a comprender que el puesto que ocupan exige responsabilidad y trabajo. El Congreso, agrisado y casi un objeto suntuario durante los últimos quince años, de pronto abrió los ojos y ejerció su obligación, debatió y se comprometió. Un logro impensado para el dueto gobernante al comienzo del conflicto, pero para la ciudadanía una promesa de futuros posicionamientos. Bienvenida la crisis, entonces, porque se la puede capitalizar en beneficio del país.

El día después

La anulación de las retenciones móviles abre la posibilidad de otras discusiones necesarias, como la coparticipación, el federalismo real y no solo nominal, la elaboración de una política agropecuaria consensuada (acá no se trata sólo de soja, como quisieron ver selectivamente algunos, sino de carne, trigo, maíz, leche), quizás también el ocaso del sistema presidencialista.

Ahora que la borrasca ha pasado y que otra etapa de inicia en Argentina, sería bueno que la ciudadanía mantenga el estandarte de la democracia en alto y continúe exigiéndole al Gobierno, al Congreso y a la justicia lo que corresponde.

El Gobierno debe estar a la altura de las circunstancias: debería sanearse, cambiando a funcionarios irritantes y que han demostrado una notable impericia en los puestos que ocupan, como Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y Julio De Vido. Fueron funcionales durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero son una herencia demasiado pesada para el gobierno de Cristina Fernández. Debería hacer una convocatoria plural y sincera para solucionar los problemas más acuciantes que tiene el país, y establecer una política de Estado consensuada, racional, que no cree hijos y entenados. Nadie niega apoyo ni sacrificio cuando los objetivos son claros y los métodos transparentes. Y debería terminar con el gobierno de “doble comando”: la Presidente es Cristina, no Néstor y ella. Debería, además, frenar la absurda ola de represalias desatada contra los funcionarios cercanos a Cobos; el lunes 21 fueron expulsados seis de la órbita de Julio De Vido.

Debe investigarse la denuncia realizada por el ex diputado nacional Mario Cafiero sobre la verdadera razón de la resolución 125, pues en estos cuatro meses los únicos que se beneficiaron en millones de dólares son las exportadoras (cfr. La falacia de las retenciones móviles. Diario “Perfil”, 22/06/2008, suplemento el Observador, pp. 14-15). Es difícil creer que los técnicos y asesores del Ministerio de Economía desconocieran esta posibilidad de enriquecimiento cuando implementaron la resolución 125. ¿Acaso alguien del Gobierno también se benefició?

También debería exigírsele al Gobierno que explique y resuelva sus graves contradicciones. Entre otras: cómo puede autodefinirse “de izquierda” y utilizar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mientras apoya explícitamente al sindicalista Hugo Moyano (denunciado como integrante de la Triple A, la facción de ultra derecha creada por José Rafael López Rega durante la última presidencia de Perón, y que fuera activamente funcional al proceso militar); cómo habla de construir más democracia cuando desarticula los mecanismos institucionales como la división de poderes y la no ingerencia de un poder sobre otro, cuando descalifica el voto del Senado, cuando espía discrecional e ilegalmente desde la SIDE a periodistas y políticos, o cuando insiste en la mentira y la tergiversación (como el motivo real de las retenciones, los índices manipulados del Indec, la presión económica con la pauta de publicidad sobre la prensa no oficialista), o cuando no resuelve la desaparición del albañil Julio López; cómo puede criticar el cultivo de soja cuando pagó la deuda al FMI gracias a ella y cuando el mismo Ejército Argentino arrienda miles de hectáreas propias a capitales privados justamente para ese cultivo (cfr. Diario “Perfil”, 13/07/2008, suplemento el Observador, pp. 2-4).

Yo incluiría, también, un pedido de explicación a aquellos argentinos que contribuyeron graciosa (pero no gratuitamente) al desquicio de estos 129 días. En especial a aquellos que por miedo, ignorancia o alguna oscura conveniencia no se asumieron como ciudadanos cabales para adherir a uno u otro sector, manteniéndose en una falaz “neutralidad”. Toda polarización es riesgosa porque elimina las singularidades, pero el momento crítico del país exigía otra conducta, pues hubo mucho más que retenciones en juego.

Carlos O. Antognazzi

Escritor.

Santo Tomé (Santa Fe, Argentina), julio de 2008.