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LA SENTENCIA DEL ESTATUTO

Camilo Valverde Mudarra

España



 

¡Hay que ver la lata sufrida con el Estatuto Catalán! La gente no entiende cómo un Tribunal tarda cuatro años en dictar una sentencia. Esta, ciertamente, es más bien un producto político que jurídico. Los grupúsculos nacionalistas con su salmodia independentista son cansinos y una rémora política más su despilfarro público; los que no alcanzasen una determinada cota de representación popular debieran quedar fuera de las instituciones.

Es curioso, el PSOE y el Gobierno, que han apoyado desde el principio este Estatuto, al ser preguntados, se dan por satisfechos y saltan rápidos a tachar de perdedor al PP, el cual lo recurrió por su carácter inconstitucional. Alguien ha dicho que "este es el último fracaso de Zapatero"; difícilmente, el tripartito catalán o el Gobierno Nacional pueden alardear de éxito con esta sentencia. Cualquier amago de euforia del PSOE será falso, porque el recorte del Estatuto, en términos cualitativos, es relevante. También es gravísimo atacar y denigrar al TC, como hace Montilla; este hombrecete de Iznajar junto con el nacionalismo catalán lanzó amenazas de convulsión social, si se revocaba un solo artículo y, ahora, son unos cincuenta los artículos que, estableciendo límites estrictos para su aplicación, se han anulado o corregido o bien reinterpretado y algunos de ellos contienen aspectos nucleares de la intención soberanista que inspiró el Estatuto. El TC declara inconstitucionales 14 artículos y reinterpreta 35 de los 114 recurridos por el PP; tratando de contentar a todos, no ha satisfecho a nadie; el PP puede presumir de haber logrado reconducir cuestiones determinantes para la unidad del Estado. Revoca el poder judicial catalán, anula las competencias de autonomía financiera y suprime que el catalán sea la lengua de uso preferente en las Administraciones Públicas y en la enseñanza. Mantiene el término nación en el preámbulo, pero señala que carece de «eficacia jurídica interpretativa», dada la indisoluble unidad de la nación española; esto significa que ha quedado sin validez legal y constitucional la gran idea que los impulsores del texto reivindicaban. Es indudable que Cataluña no es una “nación”, por la sencilla razón de que jurídicamente no podrá alegarse ese argumento para ningún fin, ya sea en clave política, legislativa o social. Esto patentiza el fracaso de los impulsores del Estatuto y constituye la demostración de que los recursos eran procedentes.

La gente se lamenta de un Estatuto bodrio, farragoso y prolijo y de un tribunal desautorizado y desgastado. Hemos asistido a la artificiosa ambigüedad del TC y a las veleidades nacionalistas; tras tanto tiempo de deliberaciones, recusaciones, presiones, amenazas, manipulaciones, filtraciones interesadas y un progresivo proceso de deterioro y desprestigio de la Institución, el Tribunal ha rubricado lo que jurídicamente era una evidencia desde que el Estatuto Catalán fue aprobado: que resulta ser inconstitucional. España ha respirado más tranquila; el TC ha cerrado su obsesión por concluir este mal sueño y el ciudadano se sacude esta murga larga y piensa que hay que reformar la Ley Electoral, el planteamiento autonómico y el continuo chantaje del nacionalismo; que ¿quieren independencia? pues puerta y manta, pero a devolver todo lo recibido de los españoles indeseados y luego te unes a Vasconia o a Liberia o a…, a ver si te va mejor y comes mucho más y más caliente.

 

 C. Mudarra

 


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