La organización del Congreso internacional que tendrá lugar en noviembre en Rosario, con el tema «Identidad lingüística y globalización», no podía quedar al margen de nuestra idiosincrasia. Los organizadores locales anuncian la «amplitud» de la convocatoria, pero corresponde rectificarlos. Algunos invitados extranjeros manifestaron no estar al tanto de los conflictos; no tienen porqué conocer nuestra conducta. Salvo que los problemas se continúen durante el Congreso, y entonces se cumpla el otro requisito vernáculo: el papelón. «La pluralidad ayuda a pensar mejor», sostuvo Cristina Fernández de Kirchner, presidenta honoraria del Congreso. Pero repercute el conflicto ideológico entre la doctora Nélida Donni de Mirande, quienes la impugnan y el Gobierno.

La política

Raúl Bertone, Secretario de Cultura de la Provincia de Santa Fe, sostuvo que el III Congreso «proyectará a la provincia en el ámbito internacional» (El Litoral, 06/05/04), y que será el logro más trascendente del gobierno de Obeid. En ningún momento Bertone aludió al campo lingüístico. Sus apreciaciones son exclusivamente de índole político. Se limita a repetir nombres y consignas de memoria. Su discurso carece de ideas propias o específicas sobre el tema.

A mediados de julio de 2004 el Instituto Cervantes decidió abrirse de la organización. César Antonio Molina, su director, declaró que «el Cervantes colabora, pero no coorganiza este III Congreso de la Lengua que se realizará en Rosario. Este encuentro lo organiza la Argentina. Por tanto, es argentino» (La Nación, 16/07/04, p. 15). Este “distanciamiento”, que no ocurrió en los congresos precedentes, significó la reducción del aporte: el Cervantes iba a financiar la tercera parte del total (estimado en 9,9 millones de pesos), pero sólo entregará cien mil euros (unos 350 mil pesos).

Considerando que el presupuesto que maneja el Instituto es de 80 millones de euros, el aporte es irrisorio. Hay que rastrear la razón en la pulseada con el Gobierno, que comenzó en octubre de 2003, por el tenor que tendría el Congreso: mientras los españoles apostaban a continuar con el academicismo, Argentina apostó a la politiquería. Mal se puede responsabilizar al Instituto Cervantes, entonces, de no aportar lo prometido, cuando es el Gobierno de Kirchner quien unilateralmente decidió cambiar el sesgo del evento. El costo es elocuente.

La vergüenza

Mirande se doctoró en Letras en 1982 por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con calificación sobresaliente. Fue directora del Instituto de Lingüística y Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNR entre 1966 y 1973. Dirigió el Departamento de Letras entre 1968 y 1969, y el de Lingüística y Lenguas Clásicas entre 1981 y 1983. Entre 1972 y 1973 fue vicedecana de esa facultad. Es investigadora principal del Conicet desde 1999, y autora de siete libros sobre la lengua española.

A fines de julio Víctor García de la Concha, presidente de la RAE, acusó a la subsecretaria de cultura de la Nación, Magdalena Faillace (que preside la Comisión Ejecutiva organizadora del Congreso), de haberle solicitado que Mirande fuera excluida de la lista de participantes. El académico destacó que Mirande es «una lingüista de una talla absolutamente relevante» (La Nación, 30/07/04, p. 1) y que fue invitada por el Instituto Cervantes y por la Asociación de Academias de la Lengua (que reúne a 22 instituciones) para participar de los dos congresos previos, en Zacatecas (México) y Valladolid (España). Sostuvo, además, que Faillace condicionó el acto de presentación de los participantes a que se sacara de la lista a Mirande.

Faillace aseveró que poseía documentos sobre Mirande, y el presidente de la RAE solicitó que le sean enviados: «Ella se comprometió a enviármelos por fax para que yo pudiera presentarlos ante la comisión permanente de la Asociación de Academias, pues la doctora Mirande está invitada oficialmente a participar y ella aceptó» (La Nación, 30/07/04, p. 17). Faillace dijo que quien sacó el nombre de la lista fue el propio García de la Concha. Éste solicitó el 16 y el 21 de julio, en vano, que le sea enviada la documentación.

Faillace argumentó que ella no tiene «porqué mandarle esas notas. Es como pedirle a la Cancillería española que me mande documentos reservados. Le dije que se los podía mostrar. Soy una funcionaria argentina y somos un país soberano. Esta es una cuestión interna de nuestro país. Si este congreso está organizado por el gobierno nacional, esto es un problema nuestro». Y agregó una comparación sugerente: «Si yo hago una fiesta de cumpleaños y hay un amigo que el resto de los invitados no tolera, yo no lo invito porque me arruina la fiesta» (La Nación, 30/07/04, p. 17).

La apreciación sugiere que el congreso pertenece a Faillace ó, en su defecto, al Gobierno que ella representa, cuando en realidad pertenece a quienes participan de él con ponencias. El Gobierno sólo aporta un marco político-económico para hacer viable el Congreso, pero no es su propietario, máxime cuando se trata de una iniciativa española. El yerro ilustra una de nuestras facetas más necias: creer que a la cultura la hacen los funcionarios, y que los intelectuales y artistas son sólo el complemento.

El protagonista de la cultura es el artista, no el político. La política sólo sirve, en este campo, para fomentar o ralentizar el desarrollo cultural, pero nunca puede suplirlo. Creer lo contrario, como hacen algunos funcionarios, no sólo es una equivocación, sino una soberbia descomunal que señala la (in) cultura política de la clase dirigente argentina.

La mezquindad

En una entrevista que publicó La Nación el 31/07/04, Mirande sostuvo que «es una infamia» el rumor de que fue delatora en la época del proceso, y atribuyó su impugnación a «divergencias ideológicas en las que se mezclan otros ingredientes: rivalidades, antiguos celos profesionales». Los detractores serían un «grupo reducido», en el que no se cuentan «ni la municipalidad (de Rosario) ni el rector de la Universidad». Sí reconoce que hubo «objeciones de las autoridades de la Facultad de Humanidades (de Rosario), sobre todo de un profesor contra mí».

Hay algunos puntos a evaluar. Primero: Mirande no figura en el Nunca más ni fue investigada por la CONADEP. Si su delito fue «haber ocupado cargos políticos durante el gobierno militar», esto permitiría difamar a los miles de docentes argentinos que ejercieron entre 1976 y 1983. Segundo: salvo Nicolás Rosa y Rosa Múgica, no se conoce quiénes son los que la impugnan. Es de bien nacidos dar la cara y aportar pruebas cuando se trata de objetar a alguien, y es de personas serias solicitarlas antes de tomar una decisión. Pero el Gobierno se ha negado a brindar nombres y evidencias, y las autoridades de la UNR aseguran que ellos no han intervenido y que, además, desconocen todo lo referido al tema. Tercero: el presidente de la RAE sostuvo que «no se nos ocurriría ninguna censura a los nombres propuestos. La responsabilidad por los participantes es un resorte único y exclusivo de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua. Este no es un congreso de ideas, sino de la lengua española» (cfr. editorial de La Nación del 07/08/04). Cuarto: Mirande fue invitada a los dos congresos previos por el Instituto Cervantes y la RAE, como también ha ocurrido ahora, por su nivel académico, no por su ideología.

En el editorial mencionado se reproduce el argumento del decano de la Facultad de Humanidades, Darío Maiorana, para la marginación: «es política, ética, académica y de memoria». El término «académica» se contradice con la opinión profesional de quienes han invitado a Mirande. Los otros vocablos (política, ética, memoria) corresponden a un ámbito ajeno al tema específico del Congreso. El dictamen dice más de Maiorana que de Mirande. Una cosa es que las autoridades universitarias le nieguen a Firmenich la medalla de oro al mejor promedio, porque perteneció a un grupo armado que impuso la violencia en el país (y que generó el clima propicio para el golpe de Estado de 1976). Otra diferente es segregar a una lingüista por simpatías con el gobierno de facto. ¿Puede negarse el aporte literario de Ezra Pound, Celine o Quevedo, connotados retrógrados en otros aspectos?

La “pluralidad” pregonada por la señora Kirchner es inexistente. El disgusto por ciertos manejos espurios ha llevado a organizar “congresos paralelos”. Así por ejemplo el del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, junto al Grupo Independiente de la Escuela de Letras, el Instituto de Rosario de Estudios Sociales y Revista La Marea, entre otros convocantes.

Nicolás Rosa manifestó que «no hace mucho tiempo, aquellos que empleaban la lengua para enseñar la libertad fueron combatidos, privados de discurso y muchos asesinados. Muchos de los usuarios pedagógicos de la lengua colaboraron en esta ignominia, otros la ordenaron y otros permanecieron en silencio» (La Nación, 19/08/04, p. 11). Esta verdad no posee sentido único: similar ignominia zahiere ahora a Mirande. Los detractores pueden elegir repudiarla, pero no excluirla.

Mirande fue reincorporada al III Congreso por el criterio unánime de la Academia Argentina de Letras, pero posteriormente presentó la renuncia para «evitar la continuación de una polémica que ha alcanzado una repercusión escandalosa dentro y fuera de la Argentina, además de preservar mi dignidad personal e intelectual» (La Nación, 25/08/04, p. 10). Al día siguiente el mismo diario amplió la información con una entrevista de Jorge Rouillon a Mirande: «Me han juzgado y condenado sin defensa» (p. 10).

Por correo electrónico se recabaron firmas para excluirla. Pero ya el título del petitorio contradijo la propuesta: «Sobre el congreso de la lengua y el derecho a la palabra». En una carta de lectores (La Nación, 20/08/04) Faillace procuró deslindar responsabilidades («Nunca reclamé que se suprima a una lingüista rosarina del listado de ponentes») aduciendo que todo fue para evitar «disturbios y alguna situación de violencia que empañaría el desarrollo del Congreso». Considerando sus declaraciones previas es lícito intuir una “salida elegante” al bochorno.

Es paradójico que en un Congreso de la Lengua se «prive del discurso» a un invitado. Excluir (y asesinar) por la forma de pensar es justamente lo que se le criticó a Videla y sus secuaces. La “Ley del Talión” no garantiza justicia, sino barbarie. Consterna ver que se argumenta amparándose en la falsa “verdad” del punto de vista: ayer la crítica “era válida” porque surgía desde el gobierno de facto; hoy, porque surge desde los que sufrieron el silencio y la persecución. Lo que define la pertenencia a un sector ideológico es la metodología empleada, no la retórica. La palabra se legitima en la acción consecuente, no en el vacío. Si se utilizan (cualitativamente) los métodos de Videla para desacreditar al otro, se termina equiparándose a Videla y siendo funcional a su postura. Ambas son manifestaciones de una misma mezquindad, que reniega de la democracia y el debate, y que no hace más que enlodar un Congreso que, en principio, da para más.

Santo Tomé, agosto de 2004.

© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, Argentina, el 03/09/04), y en la revista “Hoy y mañana” Nº 45 (Santa Fe, setiembre de 2004, p. 16-17). Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2004.