El corte del puente carretero fue levantado gracias al ultimátum del intendente Piaggio, quien convocó a los habitantes de Santo Tomé para el viernes 16/01/04. Aunque se habló de una marcha pacífica nadie garantizaba la concordia cuando se estuviera cara a cara con los piqueteros, los mismos que se burlaron de quienes debían cruzar a pie. El corte se levantó horas antes de la marcha, pero evidenció la abulia compartida de políticos y jueces, que eligieron mirar para otro lado como si los problemas se pudieran solucionar solos. Esta actitud es delictiva, y está tipificada en el código penal: «incumplimiento de los deberes de funcionario público» (Editorial de El Litoral, 13/01/04). Pero ni funcionarios ni jueces fueron procesados.
Que, cuando la bronca ya desborda los ánimos, un magistrado ordene despejar el puente «pero sin represión» es una nueva afrenta, porque si no bastaron los argumentos y el sentido común, y veinte personas siguen dañando a cuatrocientos cincuenta mil habitantes, mal se los puede sacar sin la fuerza. Y esto también está contemplado en el código penal, porque nadie puede cortar una ruta nacional y esperar que nada ocurra. Esta desidia expone el trasfondo político del problema, y hace pensar que los desbordes continuarán y que la justicia está supeditada al poder de turno. La realidad demostró que cuando se tomó la decisión política el corte fue levantado. ¿Por qué se esperó cinco días, entonces?
El año pasado un juez ordenó que se levantaran los cortes al mercado de frutas y verduras, pero el 13/01/04 los accesos fueron nuevamente cortados. Si los jueces no tienen el poder o la capacidad para que sus órdenes se cumplan, ¿quién debe ordenar a la sociedad? ¿Será necesario que los jueces ordenen cada vez que alguien corta una calle? ¿Esa es la función de la justicia, o más bien la justicia está para determinar líneas generales y para hacer que se cumplan según manda la Constitución? Si los jueces deben actuar en cada caso puntual, la imagen de la justicia, ya endeble, se diluye aún más, porque el poder judicial pasa a equipararse al de la policía, lo que es un absurdo. Pero si ni siquiera los jueces actúan cuando corresponde, si la policía declara que «nadie se quiere hacer responsable» (sic), si el gobierno “conversa” durante cinco días con quienes cortan una ruta nacional, ¿qué se supone que debe hacer la población perjudicada mientras tanto?
Pobres contra pobres
Hermes Binner señaló que el problema de Jorge Obeid es su falta de legitimidad, porque en las elecciones de setiembre de 2003 no fue votado. Ocupa el puesto del gobernador por esa argucia de malvivientes llamada “ley de lemas”, que es antidemocrática y una burla al electorado. Pero si a un mes de asumir Obeid no es capaz de resolver el patoterismo de unos pocos, ¿qué podemos esperar para lo que resta de su gestión? Como sugirió Piaggio (El Litoral, 13/01/04), si algunos no son capaces de hacer lo que deben hacer, «deben irse».
Una vez más fue la gente la que dio la respuesta a políticos y jueces. Pero si quienes cobran para mantener la seguridad y el orden no cumplen y dejan pasar el tiempo sin actuar, ¿es lícito que los contribuyentes deban seguir pagándoles el sueldo y que además deban ocupar, aunque momentáneamente, el puesto de control? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite para la sinrazón? ¿Cuál el de la paciencia?
Sería importante que se investigara sobre los partícipes necesarios de esta guerra de pobres contra pobres, porque el corte del puente carretero habría sido “beneficiado” por empresas de colectivos que entregaron cubiertas para quemar a cambio de que se les permitiera el paso. Se dice, incluso, que además hubo otras “contribuciones”. Como en toda coyuntura extrema, salen a relucir luces y sombras, y hay quienes hacen sus ganancias perjudicando a otros.
La inundación de Santa Fe ¾que no fue una “tragedia” porque lejos están los dioses de la imbecilidad humana¾ tiene culpables con nombre y apellido, que fueron justamente los grandes ausentes: integrantes del Estado provincial. Esa negligencia, que se conocía pero que recién allí, en la coyuntura de la inundación, quedó expuesta en toda su hipocresía, es la que hoy permite que grupos minoritarios perjudiquen a la sociedad en su conjunto.
Las fantásticas anomalías de la municipalidad de Santa Fe en materia de control en la costanera este (El Litoral, 22/01/04), en donde incluso el ex intendente Marcelo Álvarez (cuyo título profesional debería evaluarse en el Colegio de Arquitectos, porque son justamente ellos quienes conocen de cotas, niveles y planos) reconoció por escrito las ilegalidades que se cometen allí desde que se inauguró la costanera (es decir, durante su propio mandato), ejemplifica y justifica este planteo: la ausencia del Estado, o su presencia ilegal (entendiendo por esto el hacer la “vista gorda” ante ciertas irregularidades), propicia un tipo de participación ciudadana que no es recomendable, porque se puede llegar al extremo de que los contribuyentes, hastiados, se encarguen de hacer cumplir la ley por mano propia, y se llegue así al desgobierno.
Cría cuervos
La justicia para unos pocos no es justicia, sino una aberración que en Santa Fe ha encontrado a los funcionarios adecuados para perpetuarse. Esta carencia es de índole política y cultural. El partido gobernante ha publicitado el slogan «la cultura del trabajo» cuando en realidad durante años ha propiciado el asistencialismo, es decir, lo contrario del trabajo. Los planes trabajar son una estafa ya que el setenta por ciento de los beneficiados no los cumplen, entre otras cosas porque el Estado no controla. Es sabida también la participación de “punteros” en el cobro, porque esos planes son digitados entre los adeptos al partido gobernante.
El asesinato de Sandra Cabrera, líder de la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario, es un típico mensaje de la “mafia”, cuyo destinatario principal es Obeid. Curiosamente es el Estado quien eligió enterarse a último término de que la sección de “Moralidad Pública” de la policía de la provincia funcionaba para alimentar a las “cajas negras” de esa misma policía y de algunos políticos. ¿No lo sabía la Dra. Leila Perazzo, actual Jefa de Policía, que hasta hace dos meses fuera jefa de Asuntos Internos?
El destrozo de Casa de Gobierno perpetrado el 29/01/04 por manifestantes que a nueve meses siguen reclamando por la inundación se inscribe dentro del mismo argumento: más allá de que pueda haber habido infiltrados, los ciudadanos exigen respuestas. Y ese jueves hubo cinco mil personas exigiéndolas. Pero el Estado desconcierta: fueron retirados los agentes de Orden Público que custodiaban el edificio, cuando el lunes 26 ya habían ocurrido desmanes y se suponía que volverían a ocurrir el 29; se tenía además el antecedente del encierro que sufrió Obeid en el Arzobispado en la conmemoración anterior, el 29/12/03. El ministro coordinador, Julio Barberis, declaró «hemos llegado a un límite», como si no fuera el gobierno al que pertenece quien ha permitido que los parámetros constitucionales se rompan sistemáticamente. Ni Obeid ni Barberis son recién llegados; ambos estuvieron juntos ya en el primer gobierno de Obeid. Barberis también estuvo con Reutemann. Así, el “límite” fue sobrepasado hace años con la anuencia del propio Estado.
El gobierno ha estado alimentando cuervos, y mal hace ahora en sorprenderse cuando comienza a perder los ojos. La decisión de Obeid de no reprimir es incomprensible; no se puede comparar la Buenos Aires de Kirchner con Santa Fe. La carta de Obeid en El Litoral del 01º/02/04 es una incongruencia, porque dice que no va a aceptar lo que ha estado aceptando desde hace años. Es cínica, incluso, porque reconoce que «las aguas bajaron pero la pobreza queda», y porque manifiesta que va a evitar los desmanes «de la mano de las leyes y de nuestra Constitución». ¿No son acaso las que han sido ignoradas hasta ahora? Sostiene también Obeid que el partido al que pertenece «prioriza ante todo la atención a los más humildes y la búsqueda de la Justicia Social». ¿No es ese partido quien gobierna la provincia desde hace veinte años? ¿Qué han hecho Vernet, Reviglio, Obeid y Reutemann con la Justicia Social en estas dos décadas? ¿Las cinco mil personas de Plaza de Mayo no están reclamando justamente eso?
Sería deseable que el mensaje de Obeid implique un quiebre en la actitud del gobierno. Es decir, reconocer culpas y que los funcionarios comiencen a ejercer su trabajo con responsabilidad. La inoperancia del Estado y su constante mala praxis propician la cultura de la violencia: una vez instaurada es difícil retomar el rumbo de la concordia.
Hobbes y Russeau
El filósofo inglés Tomas Hobbes (1588-1679) debió alertar y asustar a la sociedad de su tiempo con el Leviathan, el monstruo bíblico que los destruiría si los hombres no se organizaban y ordenaban a la sociedad de manera de garantizar la vida de todos en forma armónica. El miedo a la anarquía pudo más, y la sociedad entró en una nueva etapa de orden. Años después Juan Jacobo Russeau (1712-1778) daba a conocer El contrato social, que postulaba a la sociedad como soberana y la voluntad común como ley suprema. La Revolución Francesa se legitimó con esas ideas. Hoy el contrato social en Santa Fe parece estar quebrado. ¿Hace falta un nuevo Leviatán? ¿Un nuevo contrato que garantice la participación ciudadana fuera de la burla de la Ley de Lemas? ¿No fue suficiente la inundación? ¿Cuál es el límite, una vez más? ¿Y quién se hará responsable cuando el conflicto escape de las manos y alguien, exasperado, encienda el primer fósforo sobre el barril de pólvora que el Estado y los jueces han fomentado?
Carlos O. Antognazzi
Escritor
Artículo publicado en el periódico El Santotomesino Nº 69, febrero de 2004, y en la revista Hoy y Mañana Nº 40, marzo de 2004.